Trabajamos por el socio y sus derechos
La Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) participaremos el 27 de noviembre en la manifestación convocada por JUSAPOL en Madrid para denunciar la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que han pactado tanto PSOE como Unidas Podemos.
Los cambios anunciados en esta norma, que junto con el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal constituyen los pilares que sostienen el edificio jurídico de nuestras intervenciones operativas, son de tal gravedad y perjudicarán tanto el trabajo en las diferentes plantillas y especialidades que cualquier acto público de denuncia de una reforma así exige el apoyo cerrado de quienes representamos los intereses profesionales de un colectivo directamente afectado por este despropósito.
Queremos transmitir unidad al Gobierno, para que sepa que esta reforma normativa se ha hecho de espaldas a los policías y guardias civiles y que ha generado un rechazo que está por encima del color del uniforme o de la Administración para la que trabajemos, puesto que la amputación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana afecta también, y muy directamente, a Policías Autonómicas y Locales. En este sentido, desde CEP y AEGC hacemos un llamamiento a todos los sindicatos de esos otros Cuerpos -CSIF, sobre todo, que mantiene un acuerdo de colaboración con nosotros desde hace años-para que se unan a este gran acto de rechazo a una iniciativa que no está concebida desde criterios técnicos y sí desde otros condicionantes de carácter político.
Los policías nacionales y guardias civiles no podemos ejercer nuestra misión constitucional despojados de la fuerza legal que legítimamente deposita en nosotros el Estado. Desnaturalizar las normas que garantizan ese principio de autoridad pone en riesgo la integridad del trabajo de las unidades operativas, que cada vez se enfrentan a intervenciones en las que algunos ciudadanos ejercen una violencia desmedida sobre nuestros compañeros. Si damos la cara para garantizar el principio de legalidad, si la damos para asegurar la convivencia pacífica, si la damos para proteger derechos fundamentales y si la damos, finalmente, para proteger vidas y bienes frente a todo tipo de amenazas, lo que no es de recibo es que tengamos que hacerlo sin protección jurídica suficiente.
En definitiva, hacemos un llamamiento público para unirnos en esta gran manifestación y mostrar el rechazo unánime de todos los profesionales de la seguridad pública a la reforma normativa. El 27 de noviembre tenemos esa oportunidad para hacer que nuestra voz se escuche.
