A las 10:00 horas del día 24 de noviembre de 2020, se ha reunido la Comisión Permanente de Normativa y del Estatuto Profesional, sometiéndose a votación diversas modificaciones introducidas en la normativa que regula diferentes aspectos que afectan a la Guardia Civil.
Entre las normas tratadas hemos de destacar que se ha sometido a votación la Orden General que modifica la actual normativa que regula los incentivos al rendimiento del personal de la Guardia Civil. En la exposición que han realizado los representantes de la administración ha quedado de manifiesto que dicha normativa estaba más que gestada y que no había intención alguna por parte de la Dirección General de realizar cambios al proyecto que previamente habían redactado.
La impresión de AEGC es que la administración ha realizado una tramitación “MARRULLERA” de este proyecto, haciendo entrega de un primer borrador con tiempo suficiente para realizar las alegaciones pertinentes, pero incompleto en todo lo relativo al ICRES (índice por el cual se abonan los nocturnos, festivos, horas de especial significación y sustituciones y sucesiones), para después entregar un segundo borrador unos minutos antes de iniciar el segundo grupo de trabajo y un tercero apenas unas horas antes de comenzar el tercer y último grupo de trabajo. Este tercer borrador no pudo ser estudiado con la suficiente antelación y además no dieron opción a que se presentaran alegaciones.
Como ya os hemos ido avanzando AEGC no está de acuerdo con el reparto que se ha efectuado del 10% del montante de la equiparación que debía pasar a productividad, por lo que ha votado en contra de su tramitación y posterior aprobación. Hemos de felicitar a la Dirección General porque ha conseguido redactar un borrador que no ha contado con el beneplácito de ninguna asociación profesional, consiguiendo lo que hacía tiempo no se veía en esta comisión: TODAS LAS ASOCIACIONES HAN MOSTRADO SU DISCONFORMIDAD CON EL PROYECTO.
AEGC ha votado en contra por los siguientes motivos:
- No se ha cumplido el compromiso adquirido por la Directora General de crear una ERG que retribuyera con 120 euros al personal que presta un número elevado de nocturnos y festivos.
- Se aprovecha esta modificación para limitar o eliminar derechos adquiridos, como son limitar la percepción del ICRES exclusivamente al personal encuadrado en el régimen general, se limita la percepción del ICREM únicamente a las modificación de del descanso semanal al personal encuadrado en régimen especial con funciones de mando y funciones de investigación policial y se elimina la opción de un gran número de personal con funciones de mando a poder realizar una jornada de treinta y tres horas de actividad presencial o de prestación combinada, en su caso, y el resto para atender la disponibilidad de su cargo y se elimina la percepción retributiva por alcanzar la consideración de trabajador nocturno.
- Se vulnera el principio de igualdad y se crea un agravio comparativo entre empleos desde el momento en que el personal con empleo de Guardia Civil puede realizar sustituciones y sucesiones sin percibir las mismas retribuciones que percibiría el personal de otros empleos superiores cuando las realiza.
- Se emplea parte de la cuantía destinada a equiparación para ganar potencial de servicio condicionando, en muchos casos, el mantenimiento de la cuantía que se percibía por la productividad de equiparación a la pérdida de descansos festivos o singulares adicionales.
- Se crea una nueva productividad por acumulación de funciones sin especificar cuáles son esas funciones ni la cuantía a abonar, dejando que sean las distintas comandancias quien las determine. Esto, sin ninguna duda, va a dar lugar a más agravios comparativos, por citar un ejemplo: unas comandancias pueden estimar que ser monitor patio da lugar a cobrar esa productividad y otras no.
En definitiva, con la excusa de la distribución de la cuantía de la equiparación aprovechan para recortar derechos, tanto en el ámbito de los incentivos al rendimiento como de la jornada y horarios, realizan una distribución del montante que nada tiene que ver con la equiparación salarial y todo ello sin ánimo alguno de dar opción a los representantes profesionales de participar en la misma.
Por los motivos expuestos no sólo vamos a votar en contra de la aprobación del proyecto, nuestros servicios jurídicos van a estudiar la posibilidad de impugnar su contenido la propia norma porque consideramos que no se le ha dado el rango normativo adecuado.