Madrid 10 de noviembre de 2023
El Código Penal español en su artículo 404 castiga como delito de prevaricación “a toda autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo de su competencia”. Eso fue lo que hizo Alba Verjés cuando ocupaba la Consejería de Salud Catalana durante la pandemia: a sabiendas de que sus órdenes eran arbitrarias, discriminatorias y que atentaban contra la salud de guardias civiles y policías destinados en Cataluña no le tembló el pulso cuando decidió poner en riesgo la vida de estos funcionarios públicos negándoles la vacuna contra la Covid-19.
Hoy el juzgado de Instrucción 17 de Barcelona la ha notificado su condición de investigada en la causa que investiga por el retraso en la vacunación de los miembros de las FCSE en esta comunidad. El juez ha visto indicios sólidos de la comisión de un delito de prevaricación al añadirse a la causa los whatsapp entregados por su sucesor en el cargo, Josep María Argimón que evidencian la responsabilidad de la actual vicepresidenta del Parlamente en las órdenes dadas para que no se vacunase a guardias civiles y policías catalanes.
Unas órdenes a juicio de AEGC claramente discriminatorias con respecto al resto de fuerzas policiales catalanas que si estaban siendo protegidas contra la covid y que dejan a la luz el poco aprecio que esta política tiene por la vida de los hombres y mujeres de las FCSE. Un desprecio por nuestra vida que la exconsejera también muestra por nuestras familias a las que puso en riesgo negándonos la vacuna.
En la España de la pandemia, mientras unos arriesgábamos nuestra salud y nuestra vida por seguir sirviendo a nuestro país y a sus ciudadanos, otros desde sus despachos dictaban a sabiendas órdenes discriminatorias que ponían en riesgo vidas. Órdenes de supuestos servidores públicos que a la hora de SERVIR ha distinguido entre ciudadanos de primera y de segunda mirando el ADN de nuestro uniforme: si vistes “EL DE FUERZA DE OCUPACIÓN ESPAÑOLA” NO TIENES DERECHO A VACUNARTE y proteger tu vida.
Desde AEGC solo esperamos que la JUSTICIA pueda hacer su trabajo y dirimir responsabilidades de lo que fue un acto que puso en riesgo innecesario nuestras vidas y que fue claramente discriminatorio, aunque para ello la señora Vergés debería renunciar a su aforamiento. En AEGC sabemos que no lo hará porque hasta la fecha ya nos ha demostrado que le gusta esconderse detrás de sus subordinados y no asumir sus responsabilidades. Por lo que a los guardias civiles nos tocará esperar a que su actuación "arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria" contra los funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil pase al TSJC para que sea imputada formalmente.