En el BOE de fecha 22 de abril de 2020, ha sido publicado el Real Decreto 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, en cual se establece que se iniciarán los trámites para la adaptación de la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera que permitan la adopción de las prestaciones del Régimen de Clases Pasivas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Por parte de AEGC, se remitió el citado Real Decreto a nuestros servicios jurídicos para que procedieran a realizar un análisis del mismo a fin de determinar el alcance legal de esta medida. Las conclusiones obtenidas del estudio son las siguientes:
- De todos es conocido que nadie ingresa en el Régimen de Clases Pasivas desde el año 2011, por lo que una vez pase a jubilación el último funcionario que ingresó en el año 2010, este régimen se extinguirá. Por este motivo entra dentro de lo razonable que se vayan produciendo cambios con respecto a su gestión.
- El contenido del citado Real Decreto sólo supone que toda la competencia sobre pensiones y gestión de recursos sea transferida del Ministerio de Hacienda a la Dirección General de la Seguridad Social. Esta medida, es sólo un cambio de estructura, no afecta a ningún derecho de los que ya se jubilaron o aún siguen en activo o reserva en el Régimen de Clases Pasivas.
Ante las especulaciones que circulan por redes sociales, AEGC quiere dejar de manifiesto, que los derechos adquiridos por el personal que continúa en el Régimen de Clases pasivas no se verán afectados por esta media, aun así, se va a realizar un estudio de las consecuencias que pudieran derivarse de la aplicación del sistema de cálculo de pensiones de la Seguridad Social al personal de Clases Pasivas.
No podemos dar por hecho que el ejecutivo tenga propósito de acometer modificaciones normativas o la aprobación de otras leyes que sí podrían cambiar las condiciones para el cálculo de las futuras pensiones, por lo que AEGC estará alerta para defender nuestros derechos ante la adopción de cualquier medida que pueda cercenar los derechos adquiridos, y va a exigir a todas las fuerzas políticas que llegado el caso de emprender cualquier modificación sobre esta cuestión se tenga en cuenta y se dé participación a las asociaciones de la Guardia Civil.
LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL